El Consejero de Cultura y Turismo afirma estar trabajando ya en la adaptación del Registro de entidades deportivas, en la regulación del ejercicio profesional y en el Registro de Profesionales.
En el Pleno de las Cortes de Castilla y León tuvo ayer entre sus protagonistas la actividad físico-deportiva en una de las preguntas formuladas para el control del gobierno. El procurador Ángel Hernández consultó al Consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, sobre las previsiones tiene la Junta de Castilla y León respecto al desarrollo normativo de la Ley 3/2019 de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León.
La Ley 3/2019 dispone que diversos asuntos establecidos en ella deban ser desarrollados para que sus efectos puedan llevarse a cabo. Por ahora, tal y como se venía haciendo anualmente, solo se ha reglamentado el Programa de Deporte Escolar y ante la falta de información, el Consejero ha respondido con rotundidad que se está trabajando ya, entre otros, en la adaptación del Registro de Entidades Deportivas, la regulación el ejercicio profesional y la creación del Registro de Profesionales.
"Trabajamos en el desarrollo reglamentario para cumplir con los plazos marcados lo que exige, a mi juicio, un planteamiento muy técnico, es decir, criterios profesionales, y un planteamiento realista, en este caso, como es un espíritu de acuerdo, la prudencia y el rigor técnico. Para ello estamos trabajando con todos los sectores del deporte y la práctica deportiva."
En la última reunión que se mantuvo con la Directora General, María Perrino, a la que asistieron Luis A. García y Cristina Vaquero, presidente y vicepresidenta de COLEF Castilla y León, se habló sobre la inquietud que provoca que algunas entidades propongan admitir la formación federativa como vía de cualificación profesional argumentando que existe una insuficiencia de profesionales que cubra los puestos de trabajo existentes.
COLEF Castilla y León dejó claro que no admitiría esta posibilidad si se pretende un sistema de actividad físico-deportiva autonómico de calidad que garantice los derechos en cuanto a salud y seguridad de los usuarios y consumidores de estos servicios ya que este tipo de formación no es reglada y, por tanto, no está supervisada debidamente. Además, se remitió posteriormente una carta en la que se ofrecían diversas soluciones al problema planteado, todas ellas incluidas ya en la propia Ley 3/2019, así como las posibles consecuencias negativas para Castilla y León si se aceptara dicha vía.
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