Un total de 53 colegiados actuarán como peritos judiciales en sus respectivas provincias de Castilla y León
Como todos los años, el Tribunal Superior de Justicia solicitó a COLEF Castilla y León un listado de colegiados que quieran y puedan intervenir como peritos para la administración de justicia de Castilla y León durante el año 2021. Tras el periodo de convocatoria, un total de 53 colegiados han formado dicho listado.
Un perito judicial es un experto con conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos cuya misión es valorar hechos o circunstancias relevantes en un asunto, o adquirir certeza sobre ellos, a través de un dictamen que podrá ser utilizado en un caso judicializado.
Se trata de una labor de máxima responsabilidad en el que el perito deberá manifestar bajo juramento que su actuación habrá sido la de mayor objetividad posible y bajo el conocimiento de las sanciones penales en las que podría incurrir si incumple su deber. Su actuación tomará en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, .
Según la Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de Universidades, las áreas de competencia de un titulado universitario en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte sobre las que se puede intervenir como perito un educador físico son:
Intervención educativa.
Prevención, adaptación y mejora del rendimiento físico-deportivo y de la salud mediante la condición física y el ejercicio físico.
Promoción de hábitos saludables y autónomos mediante actividad física y deporte.
Intervención mediante las manifestaciones del movimiento humano.
Planificación, evaluación y dirección-organización de los recursos y la actividad física y deporte.
Método y evidencia científica en la práctica.
Desempeño, deontología y ejercicio profesional en el contexto de las intervenciones.
Para poder ejercer como perito judicial en el ámbito de la educación física y deportiva, es preciso estar colegiado de acuerdo al artículo 341 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil por el cual se establece el procedimiento para la designación de peritos de la administración de justicia.
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